CODICIA MONUMENTAL

PLAN B 26 de febrero y 11 de marzo de 2004

El 23 de enero del 2002 un juzgado civil de Santiago declaró la quiebra de Colo Colo y poco después Peter Dragicevic, el presidente que condujo al Equipo a la eufórica conquista de la Copa Libertadores en 1991, estaba preso Por fraude tributario. La prensa deportiva aplaudió de pie las medidas que prometían salvar al equipo de una administración "corrupta". El síndico Juan Carlos Saffie fue alabado cuando bajó a la tierra ungido de la independencia Y neutralidad empresarial que enderezarían el destino del equipo. Pero pasada esa borrachera comienza a emerger una historia oculta mucho más compleja que ese simple cuento de vaqueros. Hoy, la primera parte...

POR ALEJANDRA MATUS

En mayo del 2001, en vuelo a una cita deportiva en Paraguay, coincidieron el ex Presidente de la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP) Ricardo Abuhomor y Jorge Vergara Núñez, ex asesor de Colo-Colo y mano derecha de Peter Dragicevic en buena parte de lo que fue su administración como presidente del Club deportivo. Iban invitados por una empresa internacional que organiza Campeonatos internacionales. Abumohor dejó su asiento en primera clase para acercarse a la cabina en la que, junto a Vergara, viajaban también varios de los principales editores y periodistas deportivos chilenos.

Sin pretender falsa simpatía, Abumohor encaró a Vergara: "Colo-Colo va a quebrar y todos sus dirigentes van a ir presos", le dijo. Los periodistas, sorprendidos por la aspereza del diálogo, no le dieron sinembargo mayor importancia, pues corrían los días en que era un lugar común hablar de las irregularidades y negociados al interior del club. A nadie le pareció extraño que un dirigente informado confrontara a uno de los supuestos responsables, presagiándole la quiebra. Para Vergara Núñez, sin embargo, había algo más que pura especulación en las palabras del dirigente deportivo.

Cuando el 23 de enero la jueza del 22° Juzgado Civil de Santiago, Helga Marchant, declaró la quiebra del club y poco después Peter Dragicevic fue encarcelado por supuesto fraude tributario y asocación ilícita -según la querella que interpuso en su contra el Servicio de Impuestos Internos (SII)-Vergara quedó convencido de que sus sospechas sobre Abumohor y un amplio espectro de dirigentes deportivos, políticos y empresariales estaban más que justificadas. Hoy, incluso entre quienes fueron fervientes opositores a Dragicevic y no le creen una palabra al "guatón Vergara", están convencidos de que hay un proceso en curso destinado a privatizar todos los clubes deportivos. Para ellos, la quiebra del equipo fue sólo una pieza en una operación orquestada por personas que persiguen administrar para su lucro personal los "bienes" del equipo: desde los suculentos contratos por derechos de transmisión televisiva a la enorme potencialidad inmobiliaria que tienen los terrenos donde hoy se ubica el Estadio Monumental, orgullo de los 70 mil socios que conforman el catastro oficial del pueblo colocolino.

Coincidencia o no, la mayoría de quienes son apuntados como parte de este "complot" confluyen en la Fundación Vida Deporte, creada por el ex Presidente (DC) Eduardo Frei Ruiz-Tagle después de conseguir la aprobación de la ley del deporte, una de las favoritas de su administración: entre ellos, los hermanos Carlos y Julio Riutort, el primero ex presidente de Colo Colo y el segundo actual rector del Instituto Nacional del Fútbol; el abogado y lobbysta Darío Calderón; el actual embajador de Chile ante la ONU, Heraldo Muñoz (PPD); el ex técnico de la selección chilena y ex director de Chiledeportes, Arturo Salah; el ex gerente de la Coca Cola, Gonzalo Bessoaín, el presidente del sindicato de futbolistas Carlos Soto, y, por cierto, el ubicuo Ricardo Abumohor.

La mayoría de estos personeros no está involucrado en la lucha en terreno que ha provocado, por ejemplo, la quiebra de Colo Colo entre los directivos de la vieja y nueva guardia.

Los miembros de Vida Deporte, encabezados por el ex Presidente Eduardo Frei, han usado el peso de su influencia para promover las condiciones que lleven a la intervención de Colo Colo, con el argumento de que era necesario rescatarlo de las manos de sus corruptos dirigentes. Sin embargo, su apuesta es mayor y apunta a la privatización total del fútbol.

Los miembros de la Fundación comparten un dogma: la institucionalidad deportiva estaría mucho mejor administrada en manos de sociedades anónimas gestionadas empresarialmente y no, como ocurre hasta hoy, en las anacrónicas entidades "sin fines de lucro" con que se manejan los 32 clubes deportivos del país, incluyendo a Colo Colo.

Fieles a ese credo, varios de ellos comenzaron el activismo mucho antes de que el Servicio de Impuestos Internos pusiera sus manos sobre Colo Colo.

Por ejemplo, el senador vitalicio Frei Ruiz-Tagle habría ido a plantear al subdirector del SII -el también DC Bernardo Lara-la necesidad de que el Estado PLAN B 26 de febrero y 11 de marzo de 2004 tomara cartas en las irregularidades tributarias que presentaba el equipo. Eso, semanas antes de que ese organismo decidiera presentar la querella contra Dragicevic y Vergara. Frei, según distintas fuentes consultadas por Plan B, habría concurrido acompañado de Carlos Riutort, a la sazón dirigente del club, considerado uno de sus operadores.

Plan B no pudo confirmar esta versión con Frei ni Lara porque, según informaron quienes actúan como sus voceros, se encuentran de vacaciones y están inubicables. Riutort, en tanto, negó la existencia de esos encuentros. "A Lara no lo conozco. A Eduardo Frei sí, porque mi hermana está casada con su primo, Arturo Frei Bolívar", afirmó, pero descartó que el ex Presidente influya de alguna manera en sus acciones.

Más allá del mito, lo cierto es que Frei y otros funcionarios y ex funcionarios de su administración e incluso del actual gobierno de Ricardo Lagos siguen jugando sus cartas en favor de una opción que fue presentada públicamente como la tabla de salvación para el fútbol chileno. Este es el lado B de la quiebra de Colo Colo. En esta edición, la primera parte.

GARRA BLANCA Y DE CORBATA

Heraldo Muñoz (PPD), ex ministro secretario general de gobierno de Ricardo Lagos, es jugador aficionado y compañero de cancha cada fin de semana del ex ministro de Justicia, José Antonio Gómez (radical y masón). Colocolino de oficina, fue una de las voces más potentes en favor de la intervención judicial del equipo. Muñoz, con todo el peso de su cargo de vocero, fue un aliado de la gestión del síndico de quiebras, Juan Carlos Saffie.

Pero Muñoz no es el único integrante activo del gobierno de Ricardo Lagos que participa en las disputas respecto de la conducción de Colo-Colo.

El Ministerio de Justicia recibió en enero de este año una queja formal de un grupo de socios por la conducta que han tenido en el club, dos socios con cargos políticos en el gobierno.

Uno de ellos es Carlos Tapia, presidente del Tribunal Supremo del Partido Socialista y ex funcionario de la Municipalidad de Huechuraba. Tapia es secretario general de la directiva del club albo bajo la actual gestión de Luis Baquedano. Y la queja que se estampó contra él en Justicia lo responsabiliza por haber aceptado que Baquedano y otro funcionario del gobierno de Lagos, Osvaldo Gallardo, abrieran una cuenta bipersonal con fondos del club. El reclamo, estampado el 9 de enero pasado, incluye el número de esa cuenta: 178-020A4-03 del Banco de Chile, y denuncia que Gallardo, hasta la fecha de esa denuncia, prestaba servicios en el Ministerio del Interior. "¿Puede este señor, aprovechando el cargo que tiene, hacer lo mismo en el gobierno?, ¿puede abrir una cuenta corriente a su nombre con dinero del Ministerio?" En la misma carta, los socios acusan a Baquedano de haberse hecho "designar" en el cargo de presidente con la ayuda del socialista Tapia, quien permitió que votaran integrantes fantasmas del directorio.

¿QUIEN ES COLO COLO?

Más allá de la violación de normas éticas y estatutarias del club, en esta y otras denuncias al Ministerio de Justicia los socios expresan su frustración por tener que resignarse a aceptar una presidencia obsecuente a la administración foránea instaurada por el síndico Juan Carlos Saffie, sin que, según dicen, alguien defienda verdaderamente al club de las transformaciones de fondo que ha emprendido el síndico desde el año 2002 y que, más que administrar la quiebra, pretenden reformar el alma de la institución.

Baquedano representa para estos socios un simple operador de los deseos de Saffie que, si bien ya no es formalmente el síndico de Colocolo, sigue administrando el club a través de una Junta de Acreedores designada a su imagen y semejanza y de sus propias empresas, que continúan prestando servicios remunerados al club.

Como muestra, considere simplemente lo siguiente: Baquedano está promoviendo una reforma a los estatutos internos que rigen al club que reducirían el número de directores de 21 a 9, eliminaría instancias de participación "social" del pueblo colocolino y reduciría a tres meses el período de inhabilidad que hoy impide a los ex directivos del club participar en negocios con la institución.

Otra de las reformas propuestas por Baquedano y que deben resolverse en marzo permitirían incluso que el síndico Saffie -quien asumió el cargo prometiendo que nunca se involucraría en el negocio del fútbol porque "es muy sucio"-se convierta en el futuro presidente del club.

Para los colocolinos de carné, cuotas y viajes adondequiera que juegue el equipo, el dilema de fondo es si en el destino que tome el "Club Social y Deportivo" su voz será escuchada. Ellos se consideran los creadores del club y de la pasión que hoy le da valor de mercado a la marca Colo Colo y no todos están dispuestos a entregar el equipo a los cantos de sirena de los apetitos privados sin dar la pelea.

De hecho, ya se constituyó una organización que pretende darles expresión política: Movimiento Colo Colo Democrático, aunque en las páginas de los medios de comunicación, alineados con el canto de la posmodernidad, nadie atienda su protesta.

SAFFIE, EL PADRE HURTADO

La quiebra de Colo Colo, como casi todo lo relacionado con este equipo, tuvo una tramitación ultraespecial: a dos días del pronunciamiento judicial, la decisión estaba publicada en el Diario Oficial y la designación de Juan Carlos Saffie como sindico, era un hecho consagrado. Quienes están habituados a la tramitación de quiebras saben que la publicación, con apuro, se demora por lo menos ocho días.

Pero en los días que se tomó la decisión nadie estaba para reparar en esos detalles.

Dragicevic pasaba las horas más humillantes de su carrera como dirigente deportivo ad honorem en Capuchinos, mientras su asesor Jorge Vergara Núñez se sometía voluntariamente a un interrogatorio en la Brigada de Delitos Económicos sobre las acusaciones en su contra por fraude tributario y En entrevista con Plan B, Vergara Núñez, hoy asesor del club Puerto Montt, relata un hecho que le llamó la atención: "Mientras los policías me interrogaban, había un personaje que escuchaba todo lo que yo decía sin intervenir. Hacia el final me preguntó: ¿Y cuál es su interpretación sobre la quiebra de Colo Colo? Yo le dije lo que pensaba sobre Abumohor, Calderón y todos los demás que, según mi opinión, forzaron esta solución artificial. Grande sería mi sorpresa al darme cuenta más tarde que era Arturo Herrera, el hombre que reemplazó a Mery en la dirección de Investigaciones y que junto a él y a Darío Calderón forman parte de la misma logia masónica".

Nadie puso tampoco mucha atención al hecho que después de dos años de las graves acusaciones del SII, los tribunales terminaron sobreseyendo a Dragicevic. En el caso de Vergara, ni siquiera fue procesado. Las auditorías extensas y severas tampoco concluyeron en cargos contra ningún otro dirigente de la vieja administración. Las millonarias deudas tributarias que, según se dijo en un primer momento, estaban a punto de hundir al club, se han ido desinflando hasta convertirse hoy en una cifra que podría arreglarse con la venta de algunos jugadores y sin necesidad siquiera de deshacerse del Monumental.

De hecho, el propio SII ha sostenido doctrinas contradictorias respecto de la denuncia original en contra de los manejos del club, en cuanto a que, de forma ilegítima, se había evadido pagar premios y primas que obtienen los jugadores por sus contratos. Decidido, según se dijo públicamente, a dar una señal "ejemplarizadora" contra el fútbol chileno, el SII se dio una vuelta de carnero cuando llegó la hora de discutir los sobresueldos pagados a los empleados del Ministerio de Obras Públicas. En una declaración pública, el servicio sostuvo que ese sueldo adicional no era "tributable".

Tampoco despertó demasiadas simpatías el argumento de los viejos dirigentes de Colo colo en el sentido de que no podía declararse en quiebra el club porque no se trata de una empresa, sino de una institución sin fines de lucro que se rige por normativas del Ministerio de Justicia. "Si no, ¿por qué el SII no pide la quiebra a los hospitales públicos que tienen una deuda mucho mayor?", pregunta un actual dirigente de Colo Colo.

Este argumento fue aceptado originalmente por la jueza Helga Marchant, en la primera petición de quiebra de Colo Colo, que se hizo en diciembre del 2001. Pero en enero del 2002, cambió de opinión y designó, con el beneplácito del gobierno, la ANFP y los medios de comunicación, al síndico Saffie, quien fue presentado ante la opinión pública como el salvador impoluto. 

(Información extraída del sitio web www.liberenalindio.cl)